CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Corte de Constitucionalidad de Guatemala cerró definitivamente la posibilidad de que los familiares de cinco guatemaltecos asesinados junto con decenas de otros migrantes en 2010, en el norte de México, puedan exhumar sus restos ante la falta de certeza sobre su identidad.

El Máximo Tribunal guatemalteco rechazó la apelación de Ángela Lacán, quien el año pasado pidió a la justicia que le permitieran exhumar los cuerpos de su esposo, sus dos hijos y dos sobrinos, víctimas de la llamada masacre de San Fernando en 2010, cuando miembros de un cartel de las drogas asesinaron a 72 migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos.

Un Juez negó inicialmente la solicitud de Lacán y ahora la Corte de Constitucionalidad sostuvo la decisión y aseguró que no se vulneraron los derechos de la mujer. The Associated Press tuvo acceso el lunes al fallo del Máximo Tribunal,el cual tiene fecha del pasado 31 de enero.

Los fallos de la Corte son inapelables.

En un hecho nunca visto, el cártel de las drogas de Los Zetas secuestró y posteriormente asesinó a 72 migrantes —en su mayoría procedentes de Centro y Sudamérica— en la población de San Fernando, en el estado mexicano de Tamaulipas, fronterizo con Texas. Los cuerpos fueron abandonados en una bodega semiderruida.

Entre las víctimas estaban los familiares de Lacán: su esposo Efraín Pineda Morales; sus hijos, Richard y Nancy Maricela Lacán, además de sus sobrinos Mayra Cifuentes Pineda y Luis Humberto Alvarez Pineda.

Lacán ha dicho que luego de la masacre, ella recibió féretros cerrados y sellados, por lo que no pudo constatar que se tratara de sus familiares. Las autoridades mexicanas le aseguraron que eran ellos. Ella los enterró en su comunidad, en el departamento de Escuintla.

Sin embargo, sus dudas surgieron en marzo del 2023 cuando recibieron un oficio de la Fiscalía General de México en el que se le informaba que a peritos forenses “no les era posible confirmar la plena identificación y entrega correcta de los cuerpos de las víctimas”, debido a la “deficiente documentación de los procesos de identificación y entrega (de los cadáveres)”, según describió Lacán en su petición a la justicia guatemalteca para que le permitieran la exhumación.

Inicialmente acudió a la Fiscalía guatemalteca, que desestimó su petición, y posteriormente a un juez, quien también rechazó la solicitud.

El juez dijo que no podía hacer nada porque los hechos ocurrieron en Tamaulipas, México, y que estaba impedido de intervenir en una investigación hecha por otro país.

Lacán asegura que al no realizarse la exhumación de sus familiares se le negó el derecho de conocer la verdad sobre la identidad de los cuerpos que recibió y enterró.

Fue cuando decidió acudir a la Corte de Constitucionalidad, que ahora también le negó en definitiva la posibilidad de exhumar los restos.